Agustín Galbis. Departamento Financiero y de Gestión Empresarial GB Consultores.

La banca española está inquieta ante la situación prevista para el año 2022 y es precisamente por la devolución de los préstamos ICO que tendrán exigibilidad a partir de abril/mayo, tras el período de carencia aprobado de un máximo de dos años. A esto hay que añadirle el vencimiento de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en febrero de este año que todavía agravaría más la situación.

Los expertos financieros prevén un comienzo de devoluciones no muy halagüeño y un aumento de morosidad, teniendo presente la volatilidad del ejercicio 2021 (incrementos de costes, de suministros, deficiencias a nivel transporte internacional, etc) que ha llevado al planteamiento de valorar las peticiones de quitas. Es por ello por lo que temen que sea a partir de este verano cuando notemos el impacto real del COVID-19. Estas compañías, sobre todo las de los sectores más afectados por las restricciones, están preparando la documentación para realizar estas peticiones de transferencias del Gobierno para reducir sus deudas.

La reducción máxima podrá ser del 50 % del principal avalado pendiente de cada operación, si la caída de la facturación de la empresa o autónomo en 2020 fue inferior al 70 %; y de hasta 75 % del importe avalado, si la caída de facturación en 2020 fue superior al 70 %. Además, la empresa debe haber sufrido una disminución de la facturación en 2020 del 30 % y arrojar pérdidas en la cuenta de pérdidas y ganancias.

 

El abono de las transferencias se realizará por orden de comunicación, teniendo como límite los fondos que cada entidad ha concedido a préstamos avalados: 2.750 millones de euros para ICO; 100 millones para CESCE; y 150 millones para CERSA.

Aunque están aumentando los préstamos en vigilancia, la morosidad está contenida por el momento siendo en octubre de 2021 del 4,4 %. Los expertos del Banco de España, Funcas y Standard & Poor’s predicen que esta podrá llegar hasta un 10 % en el segundo semestre del año, cifra que se acerca, pero no alcanza el 13,8 % de 2013, la tasa más alta desde que se registran datos.

La ampliación del plazo de vencimiento de las operaciones que otorgó el Gobierno no solucionará el problema porque más de la mitad de las empresas ya lo solicitó y lo tiene concedido. Es por ello por lo que la banca reclama nuevas ampliaciones del plazo con el fin de evitar la solicitud masiva de reestructuraciones y quitas.

Por su lado, la banca afirma que tiene gran parte de esos créditos provisionados y, por tanto, no afectará de manera determinante en sus resultados. El sector en general está expectante de cómo evolucionan las variantes y a las reacciones del Gobierno a estos acontecimientos.

Foto: ICO
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