Esther Carbonell, responsable Área Legal GB Consultores, y Diego Buceta, técnico jurídico.

A través del Proyecto de Ley Orgánica que se aprobó el pasado 12 de marzo de 2024, el legislador ha tratado de introducir mejoras en las cuestiones relacionadas con la eficiencia procesal, pero la más impactante es la reforma que se pretende en la instrucción del proceso judicial, principalmente en los procedimientos civiles y mercantiles, con la introducción del requisito de negociación previa y directa entre las partes involucradas en el proceso.  En resumen, antes de presentar una demanda, las partes deberán intentar resolver el conflicto de forma extrajudicial, ya sea mediante negociación directa o utilizando otros métodos alternativos.

Objetivo y materias afectadas

Con estas medidas lo que se pretende es aligerar la tendencia de la carga litigiosa que estás jurisdicciones llevan sosteniendo y que se prevé que incremente aún más en los años venideros.

Por consiguiente, este nuevo requisito de procedibilidad se excluirá de las materias de Derecho que versen sobre el sector público o de procedimientos penales, laborales o concursales.  Tampoco será obligatorio su cumplimiento, entre otros casos, como en expedientes de jurisdicción voluntaria, vulneración de derechos fundamentales o en la búsqueda de la tutela sumaria de la posesión o tenencia de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ella o perturbado en su disfrute.

Para las causas de derecho internacional y conflictos transfronterizo, siempre y cuando su objeto verse sobre materia civil o mercantil, se aplicará el requisito en los casos en que alguna de las partes involucradas en una controversia tenga domicilio en España, o bien, la negociación o actividad relacionada se lleve a cabo en suelo español. Además, también aplica cuando hay un acuerdo explícito o implícito por parte de las partes para someterse a las leyes futuras que se implementarán.

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC’s).

En cuanto a estos medios adecuados de solución de controversias o MASC, se sobrentiende, a efectos de este Proyecto de Ley, como cualquier tipo de negociación en la que las partes involucradas en un conflicto intentan encontrar una solución fuera del ámbito judicial. Estas negociaciones pueden ser directas entre las partes o pueden incluir la intervención de un tercero neutral, como podría ser un abogado, un mediador o un conciliador.

Primeramente, hay que destacar que, por lo general, se permitirá, de forma facultativa, la asistencia letrada en las negociaciones directas entre las partes; aunque esto no tendrá carácter obligatorio, sí lo será en los casos en que se utilice como medio de resolución de controversias la formulación de una oferta vinculante.

Otro método relevante para resolver disputas es la mediación. Este mecanismo implica que dos o más partes intenten alcanzar un acuerdo voluntariamente con la ayuda de un mediador (un tercero neutral).

El Proyecto también contempla varios tipos de conciliación, dependiendo de la parte con la que se esté llevando a cabo. Encontramos la conciliación ante Notario, conciliación ante el Registrador, conciliación ante el Letrado de la Administración de Justicia y, como novedad, conciliación privada. Esta última puede realizarse con cualquier persona que tenga conocimientos técnicos o jurídicos relacionados con la materia en cuestión.

Otra opción, común en el derecho comparado, es solicitar la opinión de un experto independiente. En este caso, las partes deben proporcionar al experto toda la información y pruebas disponibles sobre el asunto controvertido para que emita un dictamen no vinculante.

Por último, el Proyecto incluye la llamada “oferta vinculante confidencial”. Se trata de una vía de solución propuesta en la que cualquier persona interesada en resolver una controversia puede presentar una oferta vinculante a la otra parte, y esta última quedará obligada a cumplirla si la acepta. De esta forma, la aceptación es irrevocable.

Es importante señalar que, además de los mecanismos contemplados provisionalmente en el Proyecto, también se pueden utilizar otras formas de negociación establecidas en otras leyes.

La confidencialidad de todos estos mecanismos de negociación previa será necesario acreditarla documentalmente, exceptuando algunos casos que el artículo 9.2 del Proyecto especifica. Este requisito es crucial, ya que, sin pruebas de la actividad negociadora, no se admitirá la demanda. Sin embargo, la forma de probar la negociación varía según si ha intervenido un tercero neutral o no. Cuando la negociación se lleva a cabo con la intervención de un tercero neutral, el requisito de prueba documental se cumple mediante la expedición de un documento por parte de este tercero, certificando la negociación. Por otro lado, si la negociación es directa entre las partes o no hay intervención de un tercero neutral, las partes deben elaborar y firmar un documento que acredite la negociación.

La figura del tercero neutral ocupa un papel esencial para la finalidad del Proyecto. Su importancia es tal que la obligación de recurrir a los MASC antes de presentar una demanda se aplazará hasta la aprobación de un Estatuto del Tercero Neutral, que contendrá un régimen de incompatibilidades.

Finalización de las negociaciones mediante acuerdo entre las partes

Una vez finalizadas las negociaciones y, en caso de alcanzar el acuerdo mediante un MASC, estas resoluciones se convertirán en títulos con fuerza ejecutiva después de cumplir alguno de los siguientes requisitos: formalizar la resolución de la negociación mediante escritura pública, obtener homologación judicial o emitir el certificado de conciliación registral.

Este acuerdo entre las partes será obligatorio y evitará que se presente una demanda con el mismo asunto que se acordó, a menos que se trate de una acción de nulidad basada en causas que invaliden los contratos.

En caso de que se llegue a un acuerdo parcial, aún se podrá presentar una demanda en relación con los aspectos en los que no haya conformidad.

Finalización de las negociaciones por falta de acuerdo entre las partes

En los casos en que no se llegue al acuerdo entre las partes y, el fracaso en las negociaciones extrajudiciales lleve el asunto a los tribunales, en el momento de formulación de la demanda, habrá de acompañarse el documento que acredite haberse intentado la actividad negociadora previa a la vía judicial, cuando la ley exija dicho intento como requisito de procedibilidad, que será en los litigios que se sustancian ante el orden jurisdiccional civil con las exclusiones antes referidas y, operando la inadmisión si faltare el requisito de procedibilidad.

Las partes dispondrán del plazo de un año para presentar la demanda, la cual debe concurrir, obligatoriamente, sobre el mismo objeto que las negociaciones previas. Dicho plazo comenzará a contar desde la recepción de la propuesta por la parte requerida o desde que finalice el proceso de negociación sin acuerdo.

La prescripción y la caducidad respecto a las acciones judiciales

Al iniciarse las negociaciones, afecta a la prescripción y la caducidad de las acciones judiciales. Si una de las partes solicita a la otra que participe en un MASC, se interrumpe la prescripción o se suspende la caducidad de la acción desde la fecha en que se constata el intento de comunicación. Esta comunicación puede ser física (en persona, en el domicilio o lugar de trabajo) o telemática (mediante medios electrónicos previamente utilizados por las partes).

Sin embargo, se reanudará el cómputo de los plazos y se considerará cumplido el requisito previo para presentar una demanda, en los supuestos en que no se comunique una respuesta por escrito dentro de los treinta días naturales posteriores a la recepción de la propuesta o, si no se lleva a cabo una reunión con el objetivo de llegar a un acuerdo. 

Impacto económico respecto al proceso de negociación y en el proceso judicial

Respecto al importe económico asociado al cumplimiento de este requisito, puede variar según el mecanismo de resolución de disputas elegido por las partes y la duración de las negociaciones. Por tanto, no será el mismo si las partes, por ejemplo, llegan a negociar directamente entre sí, o si se acude a la intervención de un tercero interviniente.

En cuanto a las costas del eventual proceso judicial, se sancionará a las partes que rechacen injustificadamente recurrir a un medio de resolución de controversias cuando sea preceptivo. En este sentido, el Proyecto introduce el concepto de “abuso del servicio público de Justicia”, sobre el que el tribunal valorará al decidir sobre la imposición de costas.

Conclusión

Finalmente, en cuanto a la valoración de estas actuaciones, los métodos alternativos o adecuados para resolver controversias aumentarán el papel activo de las profesiones legales, especialmente el papel negociador de los abogados, que está garantizado en todo momento a través del Código Deontológico de la Abogacía Española, en el que establece como prioritaria la función de la conciliación y la obligación de buscar acuerdos entre las partes. También se destaca la importancia, entre otros profesionales, de los procuradores, mediadores, graduados sociales, notarios y registradores de la propiedad.

En definitiva, la elección del método más apropiado para resolver disputas es capaz de contribuir a la calidad de los servicios de justicia y aliviar la carga de los tribunales, para que estos puedan tratar, de forma menos tensionada y con adecuada atención, el resto de materias que les sean competentes. Además, generará en el ciudadano un cierto nivel de satisfacción al darle la posibilidad de acudir a otras vías de solución para los conflictos que puedan surgir.

Foto de fauxels: https://www.pexels.com/es-es/foto/foto-de-personas-haciendo-apretones-de-manos-3183197/

 

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