Por: Juan Añón y César Bernat. Área Financiera GB Consultores.

El pasado día 13 de mayo de 2021, se publicó en el BOE la Resolución de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, del 12 de mayo de 2021, con el Acuerdo del Consejo de Ministros del 11 de mayo de 2021, en el que se aprobó el Código de Buenas Prácticas para la banca, como medida extraordinaria con el objetivo de reestructurar la financiación avalada, tanto de empresas como de autónomos, en respuesta a la actual crisis económico-sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19.

Este Código de Buenas Prácticas es voluntario para aquellas entidades financieras que quieran vincular sus operaciones de préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), y reestructurar la deuda que tengan concedida tanto a empresas como a profesionales. Con su adhesión, las entidades financieras se obligan a una serie de compromisos dirigidos a refinanciar el total de la deuda de sus clientes; entre los cuales destaca el de mantener las líneas de circulante hasta diciembre de 2022.

Las entidades financieras dispondrán de un plazo máximo de un mes desde la publicación en el BOE de dicha Resolución para comunicar su adhesión a esta iniciativa, comunicándoselo a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.

Las empresas y autónomos que se podrán acoger a esta reestructuración de su deuda serán aquellas que tengan financiación con aval público, y cuya deuda se hubiera contraído entre el 17 de marzo de 2020 y el 13 de mayo de 2021, fecha de publicación del Real Decreto Ley 5/2021. Además, el plazo máximo para la solicitud será el próximo día 15 de octubre del presente ejercicio. El Código deja claro que debe ser la empresa o autónomo que solicitó la financiación avalada quien pida la aplicación de estas medidas y deberá solicitarla a la entidad “de cabecera”; esto es, aquella con mayor exposición a la financiación avalada.

Es por ello, que el Código establece medidas de coordinación y traspaso de información entre todas las entidades financieras que se adhieran. Estas medidas de coordinación también se traducen en mayorías de arrastre que vinculan al resto de entidades en algunos casos – préstamos participativos y quitas – y siempre para financiación avalada.

Para esta reestructuración financiera, se han establecido tres niveles de acción:

  1. Primer nivel. Las actuaciones se centran en la ampliación tanto de los plazos de devolución del capital deuda, como en la ampliación de los plazos de carencia.
  2. Segundo nivel. Consiste en la conversión de la deuda en créditos participativos.
  3. Tercer nivel. Solo en aquellos casos considerados excepcionales, se podrían establecer una serie de “quitas” de deuda mediante la realización de transferencias por parte del Estado.

Descubre en la segunda parte de este post en qué consisten y las características de cada uno de estos niveles.

 

Foto de Anna Nekrashevich en Pexels
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