Por.- Javier Forner. Abogado en GB Consultores

Desde que el pasado 14 de marzo se proclamara el estado de alarma para hacer frente a la crisis sanitaria, se ha tratado de concienciar a las personas jurídicas de la importancia de extremar la precaución en materia de riesgos penales. Hay determinados delitos por los que podrían responder penalmente; además, a raíz de la situación actual, han visto incrementado su riesgo de comisión.

No obstante, hay otros delitos por los cuales una persona jurídica no responde penalmente que también han visto incrementado su riesgo de comisión. Si estos delitos se cometieran en el seno de ésta sí que sería responsable civil de los daños derivados de su comisión. Concretamente, en el presente artículo hablaremos de los delitos de lesiones y de homicidio imprudente a causa del contagio del coronavirus.

En Derecho Penal, una de las máximas existentes y recogida en el Código Penal es que toda persona responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente. Además, en el propio Código Penal se establece que las personas jurídicas responderán, subsidiariamente, en los casos de delitos cometidos en los establecimientos de los que sean titulares cuando por parte de los que dirijan o administren, de sus dependientes o empleados, se hayan infringido las leyes relacionadas con el hecho punible cometido. También responderán de los delitos cometidos por sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones.

Por estos motivos, podemos afirmar que las personas jurídicas, a pesar de que no respondan penalmente por todos los delitos que se cometan en el seno de las éstas, sí responderán civilmente, pues se encuentran en posición de garante respecto de sus trabajadores, proveedores y clientes, y debe de garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de todos ellos.

Para garantizar la seguridad de éstos, las personas jurídicas, entre otras responsabilidades, deberán poner las medidas necesarias para tratar de minimizar al máximo el posible contagio del coronavirus, entregando los EPIS que se requieran e implantando las medidas y protocolos adecuados como, por ejemplo, entregar pantallas protectoras, obligación de mantenimiento de la distancia de seguridad o la colocación de mamparas. Por consiguiente, tanto las lesiones como el homicidio imprudente que pudieran producirse a causa de un contagio en una persona jurídica únicamente serán penalmente castigados si se incurre en imprudencia grave, es decir, únicamente aquella falta de diligencia considerada como grave podrá ser constitutiva de estos delitos.

Sin embargo, en los casos en que las personas jurídicas traten de garantizar las medidas de seguridad procedentes, la imprudencia, en la mayoría de los casos, será considerada como leve, pues una mera desatención no se considera una imprudencia grave, por lo que no podrá ser penalmente perseguible por la vía del homicidio imprudente o las lesiones. No obstante, sí que podría perseguirse por la vía del delito contra la seguridad de los trabajadores y, en consecuencia, sí que se podría responder civilmente por la comisión del delito, la cual, podría llegar a superar los 200.000 euros; asimismo, a pesar de que la infracción sea considerada como administrativa, también la persona jurídica podría responder por dicha sanción.

Sin perjuicio de lo anterior, y a pesar de que como norma general, será complicado que se impute un delito de homicidio o lesiones imprudentes por la cuestión de la gravedad de la imprudencia anteriormente comentada: La realidad es que podría ocurrir, ya que nos encontramos en una situación de gran incertidumbre, pues se desconoce si la Fiscalía, junto con la Inspección de Trabajo, van a tratar de imputar esos incumplimientos de los Planes de Prevención de Riesgos Laborales como un  delito de homicidio o lesiones imprudente, como un delito contra la salud y seguridad de los trabajadores; se trata de un delito por el cual la persona jurídica sí responde penalmente, o como una infracción administrativa. Además, hay que destacar que únicamente las personas jurídicas que operan en ámbitos especialmente protegidos (sanitarios, laboratorios, gestión de residuos, etc.) tienen en sus planes de prevención, por norma general, contemplado el riesgo de contagio de enfermedades, por lo que se desconoce el rigor y grado de exigencia que se va a tener en el cumplimiento de las medidas de seguridad para evitar el contagio del virus.

Por todo ello, la mejor solución para las empresas es cumplir escrupulosamente el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, establecer protocolos anti-contagio y repartir los EPIS adecuados para minimizar el riesgo de contagio, con la finalidad de evitar las posibles consecuencias jurídicas de dichos contagios, como pueden ser multas administrativas o la responsabilidad civil derivada de la comisión de algún delito de los anteriormente comentados. Será pues, altamente recomendable, revisar las pólizas de seguro de responsabilidad civil para atender posibles reclamaciones.

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