Por: Luis Tatay. Áreal Legal GB Consultores

La Ley de Secreto Empresarial es ya una realidad desde que el pasado 21 de febrero 2019 se publicara en el BOE (Ley 1/2019, 20 febrero). Se trata de una Ley que se incorpora al Derecho español de la Directiva (UE) comunitaria 2016/943, y que entrará en vigor 20 días después de su publicación.

El objetivo de esta nueva norma, como se dispone el preámbulo, es garantizar que la competitividad, sustentada en el saber hacer (know-how) y en información empresarial no divulgada, se proteja adecuadamente y sirva de incentivo para las empresas para invertir en I+D+i y la transferencias de conocimientos entre los distintos operadores jurídicos del mercado.

Asimismo, se define secreto empresarial como “aquella información que sea secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas; tenga un valor comercial por su carácter secreto, y haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que ejerza legítimamente su control”. Dicha información o conocimiento puede ser de carácter tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero.

El secreto empresarial, objeto del derecho de propiedad

De cara a conseguir el objetivo de transferencia de los secretos empresariales, se determina que los mismos son libremente transmisibles y que cabe situaciones de cotitularidad, regulando diferentes situaciones que se pueden producir en dicho contexto.

Ámbito de protección

La Ley se encarga de definir cuando la obtención, utilización y revelación de secretos empresariales es lícita y cuando supone una violación de secretos empresariales.

La Ley establece que cabe ejercer acciones civiles en caso de violación de secretos empresariales, indicando las diferentes posibilidades de tutela judicial, y además se reconoce la posibilidad de solicitar indemnización de daños y perjuicios, estableciendo las bases para cuantificar la misma.

Por último, la Ley prevé un plazo de prescripción de tres años para ejercer las acciones anteriormente indicadas a contar desde que se haya tenido conocimiento de la violación del secreto empresarial.

Jurisdicción y competencia

La Ley establece que de esta temática conocerá la jurisdicción civil, atribuyendo la competencia a los Juzgados de lo Mercantil.

Asimismo, se establecen unas medidas específicas de carácter procesal para este tipo de asuntos. Por tanto, se aplicará la Ley de Enjuiciamiento Civil con carácter subsidiario a lo previsto en esta norma.

Conclusión

Entendemos que esta Ley llega un poco tarde si bien debe ser un estímulo para que nuestras empresas apuesten por el desarrollo y la innovación, para así ser más competitivas.

Además, esta protección civil de los secretos empresariales es compatible con la regulación penal, si bien a esta segunda vía solo podrá acudirse en los supuestos de más gravedad y que se puedan subsumir en los tipos penales contemplados en nuestro Código Penal.

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