Por: Jesús López. Área Fiscal de GB Consultores.
Se está debatiendo sobre la necesidad de poner freno al auge del fraude fiscal en España y a la dificultad existente en la medición de la economía sumergida, el fraude y la elusión fiscal. Todo ello dentro del marco de la nueva reforma fiscal que impulsa el Gobierno y la importancia del cumplimiento voluntario de la tributación.
La importancia de la lucha contra el fraude se ha vuelto fundamental dentro de las actuaciones de la Agencia Tributaria, ya que se estima un coste de entre 15.000 y 20.000 millones de euros anuales para el periodo de 2003-2019; así se recoge en el Informe del REAF, “Vías para rebajar el fraude fiscal”, en el ejercicio 2017 con cifras de la AEAT.
No obstante, antes de exponer las vías sugeridas por el REAF (Registro de Economistas Asesores Financieros), es importante hacer una pequeña distinción entre economía sumergida y evasión, siendo ésta última la actuación por la que se busca evitar, de manera legal o al borde de la legalidad, la obligación de contribuir de acuerdo a la legislación. Por otro lado, la economía sumergida hace referencia a actuaciones económicas delictivas o no declaradas o registradas, que no atienden a la normativa pertinente; mientras que el fraude fiscal supone el incumplimiento de las obligaciones tributarias, mediante impagos o uso de beneficios de manera indebida.
¿Cómo actuar para evitarlo?
Una vez que hemos podido ver el coste de estas actuaciones nos preguntamos sobre cómo podríamos actuar para evitarlo. Pues bien, dentro del debate referido del REAF salen a la luz varias propuestas, de las que podríamos destacar:
– La simplificación de requisitos y trámites para la realización de actividades económicas, que ya ha permitido introducir la economía informal en economía real en puntos del país, tras la eliminación de tributos autonómicos y exigencias de licencias de actividad.
– La mejora en la asistencia al contribuyente debería ser otra de las medidas clave para la lucha contra el fraude. Desde el inicio de la pandemia el avance telemático ha generado tantas ventajas como inconvenientes al contribuyente, que muchas veces no ha sido capaz de obtener una asistencia de calidad en su comunicación con la Agencia Tributaria, desincentivando la regularización voluntaria y la contribución correcta debido al desconocimiento o dificultad añadida, en presentaciones telemáticas, generando un exceso de carga de trabajo en la revisión de declaraciones. Para ello se propone una unificación de la ventanilla única para todas las administraciones o una mejora en el servicio de ayuda presencial para primeras declaraciones o nuevos modelos.
– Por último, se pone sobre la mesa el principal desencadenante del fraude, que no es otro que su carácter confiscatorio, la arbitrariedad de las normas y la percepción de sobrecoste del contribuyente en relación a los beneficios obtenidos y la opresión y desproporción de ciertos órganos tributarios en su relación con el contribuyente. Todo ello se junta para que la dificultad de concienciar a la población sobre la necesidad y eficiencia de pagar impuestos aumente considerablemente.
Conclusión
Con todo ello, desde nuestro punto de vista, no existe una certeza sobre si la reducción del fraude fiscal pasa por endurecer las sanciones y procedimientos de inspección y control o por la reducción de la presión fiscal y la simplificación del marco regulatorio. Lo que sí está claro es que, desde una óptica del contribuyente, la mejor manera de concienciar sobre su importancia pasa por dos elementos fundamentales:
– El trato adecuado al contribuyente, que se ha ido diluyendo hasta tener el contribuyente una perspectiva de defraudador a ojos de la Agencia Tributaria en ciertas ocasiones.
– El aumento de la eficiencia real del gasto público, que ha ido cayendo hasta tener una puntuación de 87,4, siendo 100 la base de la media de la OCDE.
Dichos pilares cogen aún más importancia en el contexto actual en el que el efecto Laffer negativo está siendo cada vez mayor, generado por un exceso de nuevas figuras impositivas y el aumento de la presión fiscal, que ha perjudicado a la recaudación, pasando la estimación de economía sumergida de 15 a 17 mil millones de euros en 2020, en un escenario en el que la lucha contra el desequilibrio presupuestario y los altos niveles de deuda comienzan a coger una importancia vital.
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