Por: Departamento Financiero GB Consultores.

Ya han pasado varias semanas desde que comenzaron las protestas de los agricultores en Francia que, rápidamente, se extendieron por el resto de Europa. En España, empezaron a principios del mes de febrero, impulsadas por las principales organizaciones agrarias (ASAJA, COAG y UPA) que, tras reunirse con Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, decidieron elaborar un calendario de movilizaciones. Estas movilizaciones, que se han prolongado a lo largo del mes de febrero, vienen impulsadas por la frustración y el malestar del sector agrario en España y en toda Europa por la burocracia implantada por la UE, por la escasez de mejoras en sus condiciones en un escenario de inflación provocado por el conflicto entre Rusia y Ucrania, por la sequía y por la competencia desleal de países como Marruecos, países del continente asiático, y otros.

Es por todo esto que los agricultores reclaman:

  1. Modificación de la Política Agraria Común (PAC) para evitar los excesivos costes a los que están sometidos los agricultores y ganaderos.
  2. Creación de un observatorio sobre las importaciones para que todas estén sometidas a las mismas condiciones.
  3. Que los seguros agrarios cubran aquellos daños por catástrofes provocadas por el cambio climático (sequía, fenómenos climatológicos…); además de un acuerdo común para una política de gestión del agua.
  4. Modificación de políticas ligadas a la guerra de Ucrania-Rusia.
  5. Modificación de la ley de la cadena alimentaria que prohíba aquellas prácticas desleales.
  6. Etiquetado con la procedencia de todos los productos.
  7. Derogar o revisar la ley de bienestar animal.
  8. Mantener las bonificaciones del gasóleo agrícola y la rebaja del IVA en los carburantes y la electricidad (entre otros impuestos).

Por lo que respecta a los transportistas, destacar que también se han sumado a estas protestas, alegando motivos similares a los ya comentados de los agricultores y ganaderos.

Una vez explicado el contexto, surgen preguntas cómo: ¿Cómo puede afectar esta huelga a la economía? ¿Puede haber una rotura en la cadena de suministros? ¿Se puede volver a repetir el escenario vivido en el 2022 e impulsar de esta forma una espiral inflacionista?

Según Cristian Castillo Gutiérrez, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), investigador del sindicato SUMAT y experto en logística, producción y operaciones, estas protestas suponen una “amenaza” para el desabastecimiento y pueden provocar una subida de precios de los productos más perecederos, es decir, de aquellos que provienen del campo.

Además, comenta que las protestas han comenzado en un período complejo debido a la crisis que se está produciendo en el Mar Rojo, una ruta que es clave para el tráfico marítimo y que finaliza en el Canal de Suez. Concretamente, por este Canal pasan entre el 10% y el 15% de todas las mercancías a nivel mundial y el tráfico de estas se ha visto reducido en un 50%. Este hecho supone un encarecimiento de los precios e incluso la paralización de la actividad de muchas industrias debido a la falta de suministros; por lo que, si a esto le sumamos las huelgas de los transportistas y de los agricultores, el panorama se vuelve aún más complejo.

En definitiva, las principales consecuencias de estas manifestaciones pueden ser tanto el desabastecimiento debido a las dificultades de enviar las mercancías por mar (que es el principal medio de transporte del comercio internacional) y por tierra; y, ligado a lo anterior, el incremento de precios de varios productos, en particular de los más perecederos.

Por último, es importante destacar que aún es pronto para saber el impacto que estas huelgas pueden provocar a la economía. Todo dependerá de lo que se extiendan y de si son manifestaciones previstas o no; pero tenemos un precedente en el año 2022, donde se produjeron también huelgas por parte de los transportistas (en dicho año se sumaron los sindicatos de transporte mayoritarios por lo que se agravó la situación; mientras que en las de 2024 todo hace indicar que no van a participar). Estas movilizaciones, que duraron aproximadamente 20 días, provocaron un colapso en la capacidad de los puertos, retrasos en la entrega de mercancías y supusieron un coste de 130 millones de euros al día solo en el sector de distribución alimentaria. En la actualidad, si las manifestaciones continúan prolongándose, sí que se podrían producir tensiones en la cadena de suministros, sobre todo si estas protestas son sin previo aviso. Y todo ello, se verá directamente reflejado en una penalización en las cuentas de resultados (mayores costes) que, no necesariamente pueden ser trasladados a un incremento del precio de venta, lo que puede llevar a una minoración del resultado y a mayores dificultades financieras.

Foto de Mark Stebnicki

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