Por: Jorge Ciudad. Área Lega de GB Consultores.
La reforma de la Ley Hipotecaria ya está en camino. El Gobierno está en vías de transponer e incorporar al ordenamiento jurídico español el régimen de protección previsto en la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial que llegan desde Europa. Viene a implantar un doble objetivo y finalidad: información y protección de consumidores y usuarios otorgando altos niveles de transparencia que vienen reclamándose hace años; y, segundo, dar seguridad jurídica al mercado hipotecario y sector financiero con el objeto de impedir nuevas demandas masivas contra la banca y de ésta contra los consumidores. El propósito no es otro que hacer descender el número de desahucios y tratar, en la medida de lo posible, de descongestionar los juzgados especializados en materia hipotecaria ya saturados. En este sentido, el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Hipotecaria ha incorporado una serie de normas que afectarán a los préstamos hipotecarios que se suscriban desde su aprobación, así como a las novaciones de los préstamos actuales.
Como es obvio, esta reforma debería contar con la mayor conformidad y consenso que fuera posible, siendo lo idóneo que su redacción y aprobación fuera acordada con la aceptación de todos los actores del mercado: desde políticos, en último término, hasta entidades financieras y asociaciones de consumidores y usuarios de la banca en primer lugar.
Lo anterior se traduciría en cierta paz social para lo que está por venir, pero hemos de tener claro que -como siempre- la esperada reforma va a aterrizar con retraso y la sociedad y el mercado irán por delante de la norma, evidenciando de esta manera que la misma pronto dejará de ajustarse a las necesidades reales de la población y operadores del mercado. Y esto no es ser alarmista sino que viene ya avalado por numerosos juristas que sostienen que esta reforma no unifica toda la normativa hipotecaria, perdiendo una importante oportunidad para armonizar parte de nuestro sistema legal que más litigiosidad ha generado en la última década. Más si tenemos en cuenta que, aunque esta reforma aporte unos elevados niveles de transparencia a la operativa bancaria y cierta tranquilidad a los consumidores que contratan este tipo de productos (van a estar asesorados con anterioridad a la firma por Notario Público), el sector encontrarán la manera de seguir beneficiándose de las lagunas de las que ésta legislación viene adoleciendo desde hace décadas.
Por otra parte, se han sustanciado ya numerosas críticas desde los sectores financiero y económico, que nos previenen del entusiasmo frente a la posible aprobación de la actual redacción del anteproyecto. Hay que tener en cuenta que, ya que para obtener la aprobación del mismo, ese texto puede sufrir importantes variaciones sugeridas por los distintos grupos parlamentarios que la han de negociar y que llevarían a una modificación de la actual que, como adelantan, seguramente se traduciría en mayores restricciones para acceder al crédito y obtenerlo con mayores cargas financieras.
Eso sí, la mejora de la información a consumidores y usuarios es algo que sí va a operar para todos. Va a existir un deber de información mayor con la intervención previa de Notario Público como asesor del consumidor y una imperatividad de la Ley que deja de ofrecer al arbitrio de las partes el establecer algunas de las más importantes y litigiosas cláusulas de los préstamos hipotecarios.
Resaltar además que, con la actual redacción del anteproyecto, se modifica también lo relativo a los impagos y a las ejecuciones, pasando a establecer unos porcentajes o cantidades de deuda en vez de número de cuotas o plazos impagados para poder operar la cláusula de vencimiento anticipado y ejecutar un préstamo hipotecario. Además, también se permite el reembolso anticipado; eso sí, penalizado, por cuanto aunque queda autorizado es un incumplimiento del contrato.
Parece que la norma pretende imponer más control a la banca tras las prácticas de los últimos años y proteger así a los consumidores y usuarios en la firma del que es, seguramente, el contrato más importante de sus vidas, por su importe y por su duración. Pero no olvidemos que, a finales de septiembre, queda la relevante tarea de negociar la redacción final de la ley por los grupos parlamentarios e intentar conseguir un verdadero consenso que nos beneficie a todos, a pesar de que esta ley tendrá su desarrollo reglamentario a posteriori en cuanto, al menos, la mencionada mejora en la información al consumidor, que también será objeto de todo tipo de críticas dada la importancia de lo que se trata. Atención, señores del Congreso, con luz y taquígrafos, que les seguimos muy de cerca y nos jugamos mucho en esto.
