Agustin Galbis. Área financiera y de Gestión empresarial GB Consultores.
El Gobierno español ha abierto una nueva línea de ayudas a empresas y autónomos para afrontar las consecuencias de la invasión de Ucrania. Estas ayudas se sitúan dentro del marco europeo aprobado por la Comisión Europea cuyo objetivo es paliar las consecuencias de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y salvaguardar la industria y economía europea.
El Consejo de Ministros ha aprobado el 10 de mayo de 2022 en el Real Decreto-ley 6/2022 (BOE 11/05/2022) el primer tramo de la línea de avales destinado a empresas y autónomos en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Este tramo está dotado de hasta 5.000 millones de euros y es consecuencia del alza en los precios de las materias primas y la energía, pero sobre todo en la electricidad.
La gestión de estos avales la realizará el ICO (Instituto Nacional de Crédito) junto con las entidades financieras, y son aptas para solicitarlo todas las empresas de cualquier sector con la excepción del financiero y seguros.
El destino de los avales es garantizar las nuevas operaciones de financiación. Los avales garantizan un máximo del 80% del importe total concedido con un máximo de 400.000 euros salvo a las empresas del sector primario cuyo importe asciende a 35.000 euros.
Estos avales pueden solicitarse hasta diciembre de 2022 únicamente por empresas que no hayan incurrido en morosidad, concurso, sanciones por la UE o tengan un proceso de ejecución de avales del ICO. El aval tendrá una vigencia equivalente al plazo del préstamo con un máximo de 10 años.
En caso de solicitar un préstamo por importe superior, el aval cubrirá el 80% en caso de PYMES y autónomos y el 70% para el resto de las empresas. En este caso, el importe solicitado no puede superar en más del 15% la cifra de negocios media de los últimos tres años o el 50% de los costes energéticos en los últimos 12 meses. En estos casos el plazo máximo del aval será de 8 años.
Las operaciones contarán, si se solicita, con una carencia de 12 meses y las entidades financieras deberán mantener abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 31 de diciembre de 2022.
Las entidades financieras deben hacer uso del manual de buenas prácticas y no podrán condicionar la concesión del préstamo a la contratación de cualquier otro producto.
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
