Esther Carbonell, responsable Legal GB Consultores.

Diego Buceta. Técnico Jurídico

En Europa, y especialmente en España, cada vez aumenta más el control sobre las operaciones financieras con la justificación de digitalizar la sociedad, recuperarnos de los efectos de la pandemia y aumentar el control tributario que, según la motivación de la normativa, demanda la sociedad; además de evitar el blanqueo de capitales, la financiación de organizaciones terroristas y la morosidad de los particulares.

A finales de los 80 ya comenzaron a adoptarse medidas contra la prevención del blanqueo, como la creación del GAFI y la Directiva 91/308, que han venido sofisticándose en nuevas normativas como la Ley de blanqueo de capitales, la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (que impuso por primera vez la obligación de emitir facturas electrónicamente cuando se contrata con la Administración), y sobre todo la Ley Crea y Crece o la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, que introdujo las sanciones por tenencia, uso, fabricación o comercialización de programas de facturación que permitan modificar las operaciones registradas (conocidos como software de doble uso) y obligó a empresas y autónomos a emitir factura en formato electrónico en el comercio mayorista.

El Reglamento RD 1007/2023, publicado el 6 de diciembre y en vigor desde el día 7, desarrolla la Ley de Prevención y lucha contra el Fraude Fiscal de 2021 y delimita los requisitos que deberán tener los programas de facturación de manera obligatoria los sistemas para su unificación. Este Reglamento aplica para todas las facturas, simplificadas o completas, que emitan los obligados tributarios que desarrollen actividades económicas (salvo que se actúe en el sector primario o se obtenga autorización de Hacienda para que no se aplique el Reglamento a su empresa o sector). Las novedades relevantes son los nuevos requisitos que deberán cumplir todas las facturas y sistemas que las emitan, especialmente crea un registro de cada transacción que se realice de manera rastreable, y la posibilidad de que los comerciantes remitan a Hacienda sus registros de facturación.

Este Reglamento da plazo hasta el 1 de julio de 2025 para que los sujetos que desarrollan actividades económicas se adapten a los cambios, y nueve meses desde que se publique la orden del Ministerio de Hacienda que detalle los aspectos técnicos del Reglamento para que los proveedores de sistemas de facturación se adapten y para que la AEAT ofrezca el servicio de recepción de registros de facturación.

¿Qué requisitos deben tener los sistemas de facturación con el nuevo reglamento?

  • Deberán garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de sus registros de facturación, y poder remitirlos a Hacienda de manera segura, inmediata y fehaciente. Es importante tener en cuenta que los sistemas que no detecten y avisen a la Administración tributaria de cualquier tipo de modificación en los registros generados no cumplirán con los nuevos requisitos reglamentarios, y darán lugar a sanción. Para ello, los programas tendrán un registro de todas las interacciones que se hagan con ellos.
  • Para garantizar la seguridad, los sistemas deberán tener un sistema de huella que vincule las operaciones registradas entre sí (hash) y de firma electrónica, pudiendo omitirse esta en caso de envío voluntario de las facturas a Hacienda.
  • Las facturas (de nuevo, tanto si son completas como simplificadas) deberán incluir un código QR que represente los datos de la factura; además, al remitir los registros de facturación a Hacienda, deberán incluir la frase factura verificable en la sede electrónica de la AEAT o la palabra Veri*factu, que es como se conoce a los sistemas de facturación que cumplen los requisitos del nuevo Reglamento.

¿A qué sanciones nos exponemos por incumplir los requisitos?

  • El incumplimiento de los requisitos por los emisores de facturas puede multarse como infracción grave con un porcentaje del 1% o del 2% de las operaciones infractoras, o con 300 euros por operación, en caso de no poder determinarse su importe.
  • Si estos incumplimientos suponen un falseamiento de datos, la infracción se considerará muy grave y podrá multarse con el 75% del importe de las operaciones infractoras.
  • Será infracción leve, sancionable con 150 euros/documento, la expedición o uso de documentos obligatorios para impuestos especiales. Todas las infracciones mencionadas pueden incrementarse en un 100% del valor de la operación si el incumplimiento es sustancial.
  • Para los fabricantes y comerciales de sistemas de facturación (y para las empresas que simplemente posean un sistema que no garantice los requisitos), hay multa por infracción grave por la cantidad fija de 150.000 euros por cada año que se hayan utilizado sistemas no certificados, y de 000 euros por cada año de tenencia de estos sistemas.

La instalación de un sistema de facturación electrónica es financiable por el Bono de Kit Digital, y el plazo para solicitar la subvención se ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2024. El propio Reglamento permite utilizar la aplicación de facturación que tiene previsto implantar la AEAT, por lo que se podrá recurrir a ella sin necesidad de tener una propia, o incluso utilizar simultáneamente el servicio propio y el de Hacienda.

Aunque este Reglamento recae sobre todo en los fabricantes de sistemas de facturación, también afecta al grueso de empresas proveedoras de bienes o servicios, por lo que deberán comenzar a transitar a los nuevos sistemas para evitar nuevas sanciones administrativas, y familiarizarse con el que implante en un futuro próximo la Administración tributaria, pues es el que prevalecerá a efectos de normativa del IVA.


Foto Obsahovka Obsahovka: https://www.pexels.com/es-es/foto/persona-con-iphone-4-negro-3570246/
X