Esther Carbonell, responsable Área Legal GB Consultores

Se ha introducido un nuevo tipo societario en la legislación española, consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Crea y Crece bajo la rúbrica de Sociedades de Beneficio e Interés Común (en adelante, SBIC). El objetivo es claro, incentivar a las sociedades mercantiles a que actúen con propósito; es decir, no solo a nivel de crecimiento económico, sino también a nivel social y medioambiental. De ese modo, impulsarlas a desarrollarse hacia el exterior, mediante una economía de impacto, y hacia el interior, mediante un buen gobierno corporativo.

Cada vez los inversores y empresarios dan más importancia a los criterios ESG, que sirven para determinar qué empresas en el desarrollo de sus actividades realizan acciones encaminadas a reducir su huella en el planeta y se establecen límites nuevos a corto, medio y largo plazo para reducir emisiones de gases de efecto invernadero e intentar así dirigirse hacia la transición ecológica.

En este panorama, se establecen beneficios para agilizar la constitución de estas sociedades que, a pesar de tener ánimo de lucro, actúa de forma altruista con fondos privados a la mejora de la sociedad global, el medioambiente y el buen gobierno de la empresa. También para beneficiar a aquellas ya constituidas que recojan entre sus labores este tipo de medidas; aunque los beneficios en principio no conllevarán reducciones fiscales, sino que se espera que será el propio mercado el que “ponga de moda” este tipo de sociedades y las revalorice.

Para que las empresas consigan este “status”, será necesario demostrar que se cumplen los requisitos establecidos en la ley, que serán examinados bajo la máxima rigurosidad. En virtud de esta, para que una empresa pueda constituirse como SBIC, deberá tener un compromiso real a nivel social y medioambiental a través de su actividad, y someterse a niveles de transparencia y rendición de cuentas en el desempeño de dichas funciones.

El control sobre la realización de estas prácticas en las empresas, no se sabe todavía cómo se llevará a cabo, pero podría darse a través de un organismo de la propia empresa, o a través de auditoría, que es como se ha desarrollado en Francia. En el caso de España, cabrá esperar al desarrollo reglamentario de la ley, que en principio estará listo en el marzo del 2023, para clarificar estos aspectos.

Esta nueva forma societaria no es más que una forma de premiar jurídicamente a las empresas que “están haciendo las cosas bien” y se preocupan por proyectarse hacia un futuro sostenible. No obstante, de momento, el único premio que van a obtener las empresas es a nivel reputacional, pues serán ellas mismas las que a través de sus propios fondos o mediante agentes externos como, por ejemplo, las entidades bancarias, quienes financiarán estas medidas ecológicas, pues no van a contar con ayudas o beneficios económicos por parte de la Administración.

Esta situación nos lleva a planearnos si realmente todas las empresas pueden optar a este reconocimiento ecológico, o solo aquellas cuyos activos financieros sean lo suficientemente elevados para poder dotar una porción de las partidas presupuestaria a adaptar su sistema de trabajo y hacerlo así más eficiente, menos contaminante y encaminado a conseguir una sociedad mejor.

No queda claro si en el futuro esta nueva nomenclatura conllevará un verdadero beneficio para las empresas. Cabrá esperar a que algunas de ellas inicien esta andadura para poder realmente discernir si ha valido la pena o, por el contrario, quedará en papel mojado como un mero formalismo. Todo dependerá del acogimiento que tenga por parte del consumidor final que, a la hora de elegir entre dos empresas del mismo sector, si finalmente se decanta por la que tiene en su denominación SBIC, en ese caso la normativa habrá surtido su efecto o, por el contrario, le sea indiferente la elección.

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