César Bernat. Departamento Financiero GB Consultores

El anuncio del pasado año de la Comisión Europea de un nuevo Reglamento de la UE que prevé sancionar a las empresas y administraciones públicas morosas, además de fijar un plazo de pago máximo de 30 días, ha levantado bastante revuelo y preocupación entre empresas y asociaciones empresariales.

Este Reglamento sustituirá a la Directiva de Morosidad y será de aplicación directa a los Estados miembros. Cada Estado miembro designará una o varias autoridades responsables de la aplicación del presente Reglamento, que adoptarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los plazos de pago.

En la actualidad, las empresas, al igual que la Administración, se encuentran incluidas en el ámbito subjetivo de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre (Ley de morosidad) por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; de modo que sobre ellas pesa la obligación de cumplir con los plazos de pago regulados en dicha norma.

El artículo 4 de la Ley de morosidad establece que el plazo máximo de pago que debe cumplir el deudor será de 30 días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios si no hay plazo de pago pactado, en cuyo caso el límite máximo se establece en 60 días naturales.

El nuevo reglamento que está tramitando la Unión Europea (UE) contra la morosidad dificultará todavía más las cosas para las empresas, ya que se quiere obligar a un plazo máximo de pago de 30 días de manera uniforme sin considerar las particularidades de algunos sectores, del tamaño de las empresas o de las peculiaridades de su actividad.

Entre otras, podrán imponer o iniciar procedimientos para la imposición de multas y otras sanciones y medidas cautelares a los sujetos responsables de la infracción, además de realizar inspecciones ‘in situ’ sin previo aviso en el marco de sus investigaciones y exigir al deudor que ponga fin a la infracción. Asimismo, los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones del nuevo Reglamento, adoptando las medidas convenientes para garantizar su aplicación. Estaría por ver los plazos de entrada en vigor de la nueva normativa.

En este documento se contempla el pago de tasas compensatorias e intereses en caso de morosidad. Además, se facilitará a las empresas hacer valer sus derechos y el acceso a una reparación efectiva a través de la mediación, evitando elevados costes judiciales.

Hay que recordar que La Ley de Morosidad española marca plazos y pautas, pero no establece sanciones para los incumplidores, de manera que este Reglamento supondrá la aplicación directa del régimen sancionador. Tampoco hay que olvidar que, en algún sector, como en el de Transporte, ya se vienen aplicando sanciones a aquellos que incumplen el plazo legal de pago; en este caso en base a la Ley LOTT, que es incluso anterior a la vigente Ley de Morosidad.

Sin subvención por morosidad

Por otro lado, tras la aprobación de la Ley 18/2022 conocida como la Ley Crea y Crece, se modificó la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Ley General de Subvenciones).

Queremos destacar dos de las principales novedades introducidas:

  • Se impide la obtención de la condición de beneficiario o entidad colaboradora, para subvenciones de importe superior a 30.000 euros, a las empresas que incumplan los plazos de pago previstos en la Ley de Morosidad.
  • Se modifica la definición de gastos subvencionables, de modo que los gastos en los que haya incurrido una empresa beneficiaria en sus operaciones comerciales serán subvencionables únicamente si han sido abonados en plazo. De otro modo, no se considerarán gastos subvencionables.

Como ya sabemos, el modo de acreditar el cumplimiento de dicha obligación depende de si la empresa está habilitada o no a presentar cuentas anuales abreviadas.

En el primer caso, la empresa deberá presentar una declaración responsable que acredite el cumplimiento del requisito (aunque igual se pide algún documento adicional)

En el segundo caso, para las cuentas que no pueden formular cuentas abreviadas, la acreditación deberá llevarse a cabo mediante certificación emitida por auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas

Con independencia de lo anterior, respecto a la elegibilidad de los gastos el cumplimiento del requisito se comprobará de forma individual, gasto por gasto, atendiendo al momento efectivo de su pago.

Conclusión

En resumen, si el nuevo reglamento entra en vigor, tal y como se anuncia, las empresas se arriesgan a sanciones en caso de incumplimiento y, como ya ocurre, a no poder optar a subvenciones superiores a los treinta mil euros, con plazos más reducidos.

Aunque la intención de la Comisión sea la de mejorar las prácticas comerciales, no cabe duda de que el nuevo Reglamento puede tener consecuencias negativas sobre todo en las pymes de algunos sectores, agravando situaciones que ya se están produciendo.

Las empresas, si no lo han hecho, deberían empezar ya a analizar y revisar sus periodos medios de maduración, fondo de maniobra, necesidades operativas de financiación, líneas de financiación … En definitiva, planificar su estructura financiera, para ver qué grado de cumplimiento de la previsible nueva normativa pueden llegar a alcanzar y en qué plazo conseguir ese objetivo.

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